318. Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre incentivos económicos a los médicos.

El Tribunal de Justicia de la UE ha dictado una sentencia por la que considera que el sistema de incentivos a los médicos para promover la prescripción de medicamentos menos caros que existe en algunos Estados miembros, es compatible con el derecho comunitario

Las autoridades públicas pueden ofrecer este tipo de incentivos siempre que dichas autoridades se asegurarse de que se apoyen en criterios objetivos no discriminatorios y hagan públicas las evaluaciones terapéuticas.

Se trata de un asunto surgido en Inglaterra y País de Gales donde las autoridades de la salud pública han establecido un sistema de incentivos económicos para que los médicos prescriban a sus pacientes medicamentos menos caros que otros pertenecientes a la misma clase terapéutica con el fin de reducir los gastos públicos.
En el presente asunto se refiere únicamente a la prescripción de medicamentos específicamente designados, no los genéricos. En concreto a la prescripción de estatinas, sustancias que sirven para reducir el colesterol.

El sistema trata de incitar a los médicos, cuando elaboran sus estrategias terapéuticas, a favorecer la prescripción de ciertos medicamentos, pertenecientes a la misma clase terapéutica que los prescritos con anterioridad o que se podrían haber prescrito a los pacientes de no existir el sistema de incentivos, pero que no contienen la misma sustancia activa. El cálculo de los incentivos económicos se realiza según dos mecanismos diferentes. Conforme al primero de ellos las consultas médicas acumulan puntos por alcanzar determinados objetivos de prescripción, que pueden incluir el aumento de la proporción de prescripciones de un medicamento específicamente designado (prescrito de forma expresa o implícita en lugar de otros medicamentos de la misma clase terapéutica). La cuantía del pago reflejará en ese caso el número total de puntos obtenidos. El segundo mecanismo descansa en objetivos individuales, en el sentido de que los pagos dependen, bien de un objetivo individual, por ejemplo, un aumento de la proporción total de prescripciones de un medicamento específicamente designado, bien del número de pacientes cuyo tratamiento ya establecido se haya modificado con vistas a prescribir el o los medicamentos propugnados por las autoridades nacionales competentes.

Los pagos percibidos por las consultas médicas se añaden a los ingresos que éstas obtienen por las actuaciones que llevan a cabo y benefician en definitiva a los médicos generalistas que participan en los beneficios obtenidos por esas consultas.

Por lo que respecta a la legislación comunitaria, la Directiva sobre medicamentos para uso humano, 2001/83/CE modificada por la Directiva 2004/27/CE prohíbe, en el marco de la promoción de los medicamentos ante los médicos o farmacéuticos, otorgar, ofrecer o prometer a éstos ventajas pecuniarias o en especie.

La High Court of Justice (England & Wales) pregunta al Tribunal de Justicia si la prohibición de incentivos económicos contenida en la Directiva se opone al sistema aplicado en Inglaterra y en el País de Gales.

En su sentencia el Tribunal de Justicia observa que la prohibición de la Directiva afecta principalmente a las actividades de promoción de la industria farmacéutica e intenta impedir prácticas promocionales que puedan alentar a los médicos con un interés económico al prescribir medicamentos.

En cambio, dicha prohibición no afecta a las autoridades nacionales responsables de la salud pública, que están encargadas de velar por la aplicación de la Directiva y de definir las prioridades de acción de la política de salud pública, en especial en lo que atañe a la racionalización de los gastos públicos asignados a esa política.

A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que la política de salud definida por un Estado miembro y los gastos públicos en dicho ámbito no persiguen ningún fin lucrativo ni comercial. Por tanto, el sistema de incentivos económicos examinado, que forma parte de dicha política, no puede considerarse dirigido a la promoción comercial de los medicamentos. Además, en el caso de este sistema, no puede advertirse un riesgo para la salud pública dado que las autoridades públicas controlan de forma constante el valor terapéutico de los medicamentos propugnados.

Siendo así, esas autoridades están facultadas para determinar, apoyándose en evaluaciones relativas a las virtudes terapéuticas de los medicamentos en función de su coste para el presupuesto público, si determinados medicamentos que contienen una sustancia activa concreta son preferibles desde el punto de vista de la hacienda pública a otros medicamentos que contengan una sustancia activa diferente pero que pertenezcan a la misma clase terapéutica.

El Tribunal de Justicia recuerda, no obstante, que las autoridades públicas están obligadas a poner a disposición de los profesionales de la industria farmacéutica las informaciones que demuestren que el sistema del que se trata se apoya en criterios objetivos y no se practica ninguna discriminación entre los medicamentos nacionales y los procedentes de otros Estados miembros. Por otra parte, esas autoridades están obligadas a hacer público ese sistema, así como a poner a disposición de esos profesionales las evaluaciones que acreditan la equivalencia terapéutica entre las sustancias activas disponibles que pertenecen a la misma clase terapéutica que es objeto de dicho sistema.

Por todo ello el Tribunal de Justicia considera que el sistema de incentivos económicos examinado es compatible con la Directiva y que, además no perjudica la objetividad de los médicos prescriptores.

Incluimos, en el presente Boletín “Europa al día” la versión española de esta sentencia y de las conclusiones del Abogado General.