Europa al Día

El Parlamento Europeo ha aprobado, tras casi tres años de negociaciones, una directiva sobre los inmigrantes ilegales con la que se pretende dar un primer paso para la futura política de inmigración en la UE.Uno de los aspectos importantes para los médicos es el problema de salud pública que puede ocasionar la salud de los inmigrantes. Por ello, la profesión médica europea ha hecho un llamamiento para que se lleven a cabo las acciones necesarias a nivel nacional que faciliten la atención sanitaria necesaria en casos de urgencia, del que informamos en el presente Boletín “Europa al día”.

En la Unión Europea no existe actualmente una política común de inmigración a pesar de que la inmigración ilegal es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la UE. Es por ello que, el Parlamento Europeo ha aprobado una Directiva que se aplicará a los nacionales de países no comunitarios que se encuentren en situación ilegal en un Estado miembro y que no estén amparados por el derecho de asilo.

La directiva, que lleva casi tres años negociándose, fomenta la protección de los derechos de los inmigrantes así como la regulación de los flujos de migración. La nueva norma prevé que los Estados legalicen a los inmigrantes o les pidan que abandonen el país, para lo que se dará un periodo de salida entre 7 y 30 días. Si no se van, tendrán que expulsarlos, pero con garantías jurídicas y primando los intereses del menor y las familias. Una vez transcurrido ese plazo, si hay motivos fundados para creer que hay riesgo de fuga, la autoridad judicial podrá trasladarlos a centros de retención donde permanecerán por un periodo máximo de 6 meses, que puede extenderse en ciertos casos hasta 12 meses más. Además, los países de la UE tendrán que proporcionar asistencia legal a los inmigrantes sin recursos, en función de las distintas legislaciones nacionales.

Se prevé que el Consejo de Ministros de su acuerdo formal en el mes de julio y que la directiva se aplique plenamente en el 2010, con lo cual, los Estados miembros dispondrán de 24 meses para adaptarse a la nueva legislación.

La salud de los inmigrantes ilegales

La directiva aprobada por el Parlamento, trata de facilitar las garantías legales y la protección de los menores y de las familias de los emigrantes, pero también hay que tener en cuenta los serios problemas de salud pública que ocasiona la salud de los inmigrantes y la necesidad de que los Estados miembros elaboren y apliquen estrategias para mejorar su atención sanitaria. Es por ello que la profesión médica europea, ha hecho un llamamiento para que se lleven a cabo a nivel nacional las acciones necesarias para garantizar que:

• los médicos y los centros sanitarios tengan libertad en su país para atender a los inmigrantes ilegales. Lo cual implica, por ejemplo, oponerse a la obligación de denunciar a estos inmigrantes ante las autoridades (de inmigración) u oponerse a cualquier intención de criminalizar la prestación de servicios sanitarios a inmigrantes ilegales;
• se levanten las restricciones en cuanto a la clase o el alcance de la asistencia sanitaria que se presta a los inmigrantes ilegales. Por ejemplo, la limitación del derecho a la asistencia urgente puede perjudicar tanto la salud de estos inmigrantes como la salud pública, por lo que no es una opción viable. Deben ser los médicos los que decidan, en función de las circunstancias, cuál es la “atención necesaria” que se debe prestar al inmigrante ilegal. Los médicos y los centros sanitarios deberían llegar a acuerdos y elaborar protocolos para que el método de trabajo en el caso de inmigrantes ilegales sea transparente y puedan evaluarlo todos los implicados;
• se derriben todos los obstáculos económicos y organizativos contra los que se enfrentan los médicos y los centros de salud para prestar asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales. Seguramente será necesario cierto apoyo económico gubernamental para derribar estos obstáculos (como, por ejemplo, ha hecho el gobierno de los Países Bajos);
• tanto la profesión médica como los inmigrantes ilegales sean plenamente conscientes (y estén informados) de las posibles prestaciones sanitarias. Esto conlleva usar todas las vías oficiales y extraoficiales para facilitar la información necesaria a estos inmigrantes, por ejemplo, implicando a las ONG (facilitar información fácil de entender en los idiomas correspondientes, incluidos mediadores, si fuera necesario);
• se controle y solucione la situación sanitaria de los grupos de inmigrantes ilegales y los problemas a los que se enfrentan cuando quieren acceder a la asistencia sanitaria. La deontología médica impone evidentemente facilitar a estos hombres, mujeres y niños una asistencia básica, en la mayoría de los casos gratuita, que incluya especialmente las urgencias, la asistencia obstétrica y pediátrica. Por otra parte, las necesidades de salud pública deben contribuir a prevenir y tratar patologías contagiosas.

Las organizaciones médicas deben recordar a sus miembros su deber deontológico de prestar asistencia urgente sin remuneración. Así mismo, deben imponer el respeto absoluto al secreto profesional y, en concreto, a la prohibición de comunicar datos personales a los servicios policiales. Por otra parte, los médicos no deben prestarse a prácticas que favorezcan el fraude o la trasgresión de la legislación nacional con la excusa de realizar actos humanitarios.

Se debe animar a los Estados miembros a facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias en ayuda de los clandestinos y a obligar a los centros hospitalarios del sector público a que se hagan cargo de manera anónima y gratuita de los cuidados vitales urgentes.

La directiva excluye de su cobertura a los solicitantes de asilo y, de hecho, estos problemas no les afectan ya que los solicitantes de asilo se benefician, en la mayoría de los Estados miembros de la UE, de una asistencia médica básica. En algunos países incluso a su estatus jurídico se le reconoce una cobertura médica similar a la del resto de los ciudadanos.