241. Futura Directiva sobre servicios sanitarios en la UE

El comisario de Sanidad de la UE, Markos Kyprianou, ha anunciado que la Comisión Europea presentará, antes de finales de año, un borrador de Directiva sobre servicios sanitarios que regule el acceso de los ciudadanos a la asistencia médica en otros Estados miembros.

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Esto incluye la normalización de los procedimientos de los seguros para el reembolso de los costes, así como la implantación de normas comunes sobre el tiempo de espera. Además, se decidirá qué autoridades velarán por la seguridad y la eficacia de estos servicios, y se promoverá el desarrollo conjunto de tecnologías sanitarias.

Los sistemas sanitarios han sido siempre una responsabilidad primordial de los Estados miembros, tal y como se reconoce en el tratado. No obstante, la integración europea, hace que cada vez estén más ligados unos a otros, con el reconocimiento de cualificaciones profesionales, que facilita el ejercicio de los profesionales sanitarios en otros Estados miembros y, el sistema armonizado de autorización de medicamentos en la UE, que permite que se comercialicen más rápidamente.

Por otra parte, las sentencias del Tribunal de Justicia de la CE de los últimos años, han puesto de manifiesto que, aunque la organización y gestión de los sistemas de asistencia sanitaria son responsabilidad de los Estados miembros, dichos sistemas tienen que estar en armonía con la legislación del mercado interior que permite la libre circulación tanto de pacientes como de profesionales.

La Directiva sobre servicios en el mercado interior 2006/123/CE, aprobada en diciembre del año pasado, dejó fuera de su cobertura a los servicios sanitarios por las especiales características de estos servicios y la Comisión Europea se comprometió a elaborar una directiva específica para este sector, cuyo borrador lanzará antes de finales de año.

Aspectos que cubrirá la directiva

La futura directiva se centrará en tres aspectos:

  1. Los principios comunes de todos los sistemas sanitarios.
  2. El marco específico para la asistencia sanitaria transfronteriza.
  3. La colaboración europea en el ámbito de los servicios sanitarios.

La base legal que justifica la elaboración de esta directiva es el artículo 95 del Tratado CE, relativo al mercado interior, aunque sus autores consideran que respeta totalmente los objetivos del artículo 152 del tratado, que regula la salud pública, y el artículo 16, sobre servicios de interés económico general.

Este texto se aplicará sin perjuicio de los textos que ya están en vigor y que regulan el mercado interior en este ámbito, como son:

  1. Los Reglamento sobre la aplicación de los regímenes de seguridad social en la UE, 1408/71/CE y 574/71/CE.
  2. La Directiva sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, 2005/36/CE.
  3. La Directiva sobre protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 95/46/CE.
  4. La Directiva de los servicios de la sociedad de la información 2000/31/CE.

Los Estados miembros deberán respetar los siguientes principios que se recogerán en el texto de la directiva:

  1. Facilitar toda la información pertinente para que los pacientes puedan elegir con conocimiento de causa, en particular sobre disponibilidad, precios y resultados de la asistencia sanitaria.
  2. La implantación de un sistema de presentación de reclamaciones y de obtención de reparación y compensación por el daño producido por la asistencia recibida.
  3. Que los proveedores de asistencia sanitaria suscriban seguros de responsabilidad profesional adecuados a la naturaleza y a la magnitud del riesgo.
  4. El derecho fundamental a la intimidad.
  5. El Estado miembro también debe garantizar la aplicación de unos niveles de calidad y seguridad y, si fuera necesario, que se tomen acciones disciplinarias. El responsable en el caso de asistencia transfronteriza es el Estado miembro en el que el tratamiento tiene lugar.

Libre circulación de pacientes

El objetivo principal de la directiva son los pacientes ciudadanos de un Estado miembro o que se benefician de los derechos que les confiere la legislación comunitaria, afiliados a la seguridad social, que viajan a otro Estado miembro con el fin de recibir una asistencia sanitaria allí. El Estado miembro de afiliación es responsable de garantizar que estos pacientes reciben una asistencia sanitaria similar a la que se presta en su propio Estado miembro. Los gastos los asume el Estado miembro de afiliación, al menos hasta el nivel que hubiera sido asumido en una situación similar en su territorio.

Según esta nueva directiva, no será necesaria una autorización previa, excepto en el caso de hospitalización. En este caso, no puede rechazarse la autorización si el tratamiento en otro Estado miembro es “adecuado” para la enfermedad del paciente y su estado de salud. El tratamiento se considera “adecuado” si los beneficios para la salud son mayores que las posibles consecuencias negativas. El Estado miembro puede imponer determinadas condiciones y normas similares a las que existen en su territorio nacional.

Todos los Estados miembros tendrán que definir qué es la asistencia hospitalaria. Pero la directiva limita su libertad. Por ello, la definición debe hacerse “de manera objetiva, transparente y no discriminatoria” y cumpliendo la legislación comunitaria. Además, se referirá a una hospitalización de una noche de estancia en el centro. Tanto si este último condicionante se cumple o no, ciertos tratamientos que son especialmente costosos o especializados requerirán una autorización si se incluyen en una lista de espera.

Todos estos trámites administrativos deben basarse en “criterios objetivos, no discriminatorios establecidos previamente”. También hay que poner en marcha mecanismos de información para los pacientes así como “puntos de contacto nacionales”, donde obtener información y consejo sobre los mismos.

El país donde se dé el tratamiento deberá informar al paciente europeo de todos los trámites a seguir si se produce un daño consecuencia del mismo. Esta información debe utilizar un lenguaje fácil de entender para el paciente.

Cooperación entre los Estados miembros

La directiva plantea la obligación de que los Estados miembros cooperen entre sí (ayuda mutua) para facilitar la asistencia sanitaria transfronteriza, incluidos los servicios de telemedicina y la colaboración transfronteriza. Por ello, todos los Estados miembros deben hacer obligatorio el reconocimiento de las prescripciones efectuadas en otros países. Deben fomentar la creación de centros europeos de referencia, una especie de centro especializado avanzado. Por último, deben recopilar datos estadísticos sobre la asistencia transfronteriza.

Como consecuencia de este proyecto de directiva, los Estados miembros deberán establecer normas sobre la definición a nivel europeo de los métodos de tratamiento, incluida la hospitalización, y sobre el reconocimiento transfronterizo de las prescripciones.

Todavía no existe una versión oficial disponible del texto de esta propuesta de directiva que, se espera, se publicará antes de finales de año.

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