194. Propuesta modificada de directiva sobre servicios en el mercado interior

El día 29 de mayo, los veinticinco Estados miembros de la Unión Europea (UE), reunidos en el Consejo de Ministros de Competitividad, alcanzaron un acuerdo sobre la directiva de servicios, de la que venimos haciendo un seguimiento legislativo en los boletines “Europa al día” números
190,
186,
171,
156 y
121.

Unión Europea

El texto que se ha adoptado es el resultado de las enmiendas que la Eurocámara introdujo en su primera lectura, el día 16 de febrero, y que la Comisión recogió en su propuesta modificada el 4 de abril. Uno de los cambios esenciales es la eliminación del llamado "principio de país de origen", en virtud del cual una empresa podía instalarse en cualquier Estado miembro con la sola obligación de responder ante las normas vigentes en el país en que fue constituida.

La sanidad, fuera de la directiva

Asimismo, se ha modificado el ámbito de aplicación de la normativa, dejando fuera del mismo servicios como la sanidad (tanto pública como privada), la educación pública, la defensa pública (que incluye cuerpos como la policía nacional), el transporte, las empresas de trabajo temporal, las guarderías, la asistencia social, la seguridad privada, las apuestas y juegos del Estado y las telecomunicaciones y los servicios financieros, portuarios y audiovisuales.

El compromiso se alcanzó después de que un grupo de países del centro y este de Europa pidieran garantías para que sus trabajadores y compañías de servicios tengan un buen acceso a los Estados miembros más ricos. Sus demandas, apoyadas por Luxemburgo y Países Bajos, se convirtieron en una especie de muro de contención que dividió a los viejos y a los nuevos miembros de la UE.

España, por su parte, se mantuvo fiel a su defensa de la liberalización, lo que la sitúa del lado de países como el Reino Unido, Holanda, Luxemburgo y los diez nuevos Estados miembros, que no prevén bloquear el acuerdo. Por el contrario, otros siguen mostrando reticencias, en particular Francia.

Todos los países votaron a favor excepto Lituania, que se abstuvo. Aunque con diferencias, aceptaron un nuevo texto que ya poco tiene que ver con la que presentara en 2003 su promotor, el holandés Frits Bolkenstein, por entonces comisario europeo de Mercado Interior.

Entre los compromisos adquiridos en la sesión del Consejo de Ministros, figura el deber de comunicar y justificar ante Bruselas las excepciones que cada Estado miembro disponga en su legislación cuando transpongan la directiva a sus derechos nacionales, siempre que éstas sean proporcionadas, no discriminatorias y de interés general. Con toda esta información, el Ejecutivo comunitario se encargará de elaborar un registro o lista donde se recogerán todas las modalidades de los países europeos sobre regulación de los servicios en la UE.

Además, el actual comisario encargado del dossier, el señor McCreevy, se comprometió a elaborar una "orientaciones" dirigidas a los países para asegurarse de que cumplen con los criterios exigidos por la norma.

En cuanto al seguimiento del trámite legislativo, el Consejo adoptará ahora su posición común que pasará nuevamente al Parlamento Europeo para una segunda lectura.

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