31. Derechos de los trabajadores que se desplazan para prestar un servicio en otro estado miembro: Transposición de la directiva 96/71/CE.

El derecho a la libre prestación de servicios es una de las libertades fundamentales consagradas en los Tratados fundacionales de las Comunidades Europeas. La concepción originaria de la libertad de circulación de personas, que abarca tanto la libertad de establecimiento como la prestación de servicios sin establecimiento, tenía como finalidad que los trabajadores de un determinado Estado miembro se desplazaran a otro Estado para acceder a un empleo.

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Cada vez son más numerosos los desplazamientos de trabajadores para prestar servicios en otro Estado y lo van a seguir siendo en los próximos años. Sin embargo, las prestaciones de servicios transnacionales han dado lugar a una circulación de trabajadores nueva: los desplazamientos temporales de trabajadores. Así, cuando una empresa comunitaria se ha desplazado a otro Estado miembro en el marco de una prestación de servicios, lo ha hecho llevándose a sus propios trabajadores.
El Tribunal de Justicia también se ha pronunciado sobre estos desplazamientos de trabajadores en prestación de servicios, y así, en su sentencia de 27 de marzo de 1990, asunto "Rush Portuguesa", estableció que los artículos 59 y 60 (ahora 49 y 50 del Tratado CE) relativos a la prestación de servicios, "se oponen a que un Estado miembro prohiba a un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro desplazarse libremente por su territorio con todo su personal".
Las instituciones comunitarias, con el fin de regular estas situaciones y aplicar los criterios jurisprudenciales del TJCE, adoptaron la directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.
En el presente Boletín "Europa al día", incluimos el texto de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre (RCL 1999, 2950), relativa al desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional (modifica la Ley 44/1994, de 1 de junio de 1996 (RCL 1994, 1555) BOE 30.11.99 (n.um.286), que tiene por objeto incorporar al derecho nacional las disposiciones de la directiva 96/71/CE ya citada.

Como en cualquier transposición, el texto de esta Ley pretende lograr los objetivos establecidos en la Directiva, a la vez que su integración en el Derecho laboral español. La ley se estructura en cuatro capítulos:
Capítulo I: se establece su objeto y su ámbito de aplicación, así como las definiciones pertinentes. La ley será aplicable a las empresas que desplacen temporalmente sus trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios transnacional, no estando establecidas en nuestro país, sino en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (países de la UE más Noruega, Islandia y Liechtenstein).

Capítulo II: Se establece el principio básico de la Ley, según el cual, los empresarios incluidos en su ámbito de aplicación que desplacen temporalmente a España sus trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional deberán garantizar a éstos, cualquiera que sea la legislación aplicable al contrato de trabajo, determinadas condiciones de trabajo previstas en la legislación española: tiempo de trabajo, cuantía mínima del salario, no discriminación de los trabajadores temporales y a tiempo parcial, prevención de riesgos laborales, etc. La Ley no altera las normas tributarias aplicables a los trabajadores desplazados.
Capítulo III: Se incluyen diversas competencias administrativas y sobre todo la cooperación entre las administraciones públicas de otros Estados en materia de información e inspección.
Capítulo IV: Establece los mecanismos de tutela administrativa y judicial propios de nuestro Derecho laboral, tipificando infracciones y sanciones administrativas y estableciendo normas sobre procedimientos judiciales que prácticamente remiten a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Procedimiento Laboral.

De las disposiciones finales cabe destacar que la Ley recuerda a las empresas establecidas en España que desplacen temporalmente trabajadores al territorio de Estados del Espacio Económico Europeo, su obligación de garantizar a éstos las condiciones de trabajo previstas en el lugar de desplazamiento por las normas de transposición en tales Estados de la Directiva 96/71/CE.
Por último, la Ley 14/1994, de 1 de junio (RCL 1994, 1555), por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, es modificada por las disposición final primera de la Ley 45/1999, para adaptar lo establecido en la Directiva 96/71/CE a este tipo de trabajadores.