121. Propuesta de Directiva relativa a los Servicios en el Mercado Interior

El mercado interior, es decir, ese espacio en el que la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales está plenamente garantizada, debería ser una “realidad” desde hace diez años. Sin embargo, la Comisión Europea, en un reciente informe, ha llegado a la conclusión de que todavía hay un gran desfase entre la existencia de una economía integrada para la Unión europea y la realidad vivida por los ciudadanos y los prestadores de servicios.

Uno de los sectores que está causando más problemas es el de la “libre circulación de servicios”, entendiendo por “servicio” toda actividad económica no asalariada consistente en realizar una prestación a cambio de una contrapartida económica. (artículo 4.1)

En este sentido, los servicios incluyen las actividades de las profesiones reguladas y también los servicios relacionados con la salud, la atención sanitaria y los servicios a domicilio, como la ayuda a las personas de edad.

Los obstáculos, que impiden el desarrollo de las actividades de servicios entre Estados miembros, se dan especialmente en dos tipos de situaciones:

• Cuando un prestador de un Estado miembro quiere establecerse en otro Estado miembro para prestar en él sus servicios (por ejemplo, puede verse enfrentado a regímenes de autorización demasiado laboriosos, a un exceso de trámites administrativos, a requisitos discriminatorios, a pruebas económicas, etc.).
• Cuando un prestador quiere, a partir de su Estado miembro de origen, prestar sus servicios en otro Estado miembro, en concreto desplazándose temporalmente a éste último (por ejemplo, puede verse enfrentado a la obligación jurídica de establecerse en dicho Estado miembro o de obtener su autorización, a la aplicación de normas sobre las condiciones de ejercicio o a procedimientos desproporcionados para el desplazamiento de trabajadores).

Con el fin de solucionar estos obstáculos, la presente propuesta de Directiva viene a completar la directiva sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales y tiene por objetivo crear un marco jurídico que facilite el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en los Estados miembros, así como la libre circulación de servicios entre Estados miembros. También se pretende eliminar una serie de obstáculos jurídicos que impiden la realización de un auténtico mercado interior de servicios y garantizar a los prestadores y a los destinatarios la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado.

Para suprimir los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios, la propuesta prevé lo siguiente:

• Medidas de simplificación administrativa, especialmente mediante la creación de ventanillas únicas en las que los prestadores puedan tramitar los procedimientos administrativos relativos a su actividad, y la obligación de hacer que estos trámites se puedan llevar a cabo por vía electrónica, sin necesidad de que el interesado tenga que desplazarse a varias entidades, organismos, oficinas...
• Una serie de principios que deben respetar los regímenes de autorización aplicables a las actividades de servicios y, más concretamente, las condiciones y procedimientos de concesión de la autorización. En este sentido, la presente directiva es coherente con los trabajos sobre movilidad de pacientes y el desarrollo de la atención sanitaria en la Comunidad.

En la propuesta de Directiva se trata la cuestión específica de si son compatibles con el principio de la libre circulación de servicios los regímenes de autorización previa de la cobertura económica de la atención sanitaria dispensada en otro Estado miembro.

• El principio del país de origen, por el cual el prestador está sujeto únicamente a la ley del país en el que esté establecido y los Estados miembros no deben imponer restricciones a los servicios prestados por un prestador establecido en otro Estado miembro. Es importante tener en cuenta que este principio de país de origen no se aplicará a las profesiones reguladas. Artículo 17.8
• El derecho de los destinatarios a utilizar servicios de otros Estados miembros sin que se lo impidan las medidas restrictivas de su propio país o los comportamientos discriminatorios de las autoridades públicas o los operadores privados; en concreto para los pacientes, la propuesta aclara en qué casos un Estado miembro puede supeditar a autorización el reembolso de la atención sanitaria prestada en otro Estado miembro.

A este respecto, el artículo 23 retoma la distinción entre asistencia hospitalaria y no hospitalaria, que queda claramente establecida en la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia. En aquellos casos en que este tipo de autorización previa esté justificada, en la propuesta se exponen las condiciones específicas de autorización con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal.

Con el fin de establecer entre los Estados miembros la confianza recíproca necesaria para suprimir estos obstáculos, la propuesta prevé:

• La armonización de la legislación para garantizar una protección equivalente del interés general en cuestiones esenciales —como la protección de los consumidores—, en concreto, las obligaciones de informar del prestador, el seguro profesional, las actividades multidisciplinares, la resolución de litigios y el intercambio de información sobre la honradez del prestador.
• Fomentar los códigos de conducta elaborados por las partes interesadas a nivel comunitario sobre algunas cuestiones detectadas, en concreto sobre las comunicaciones comerciales de las profesiones reguladas (artículo 29). El artículo 39 prevé la elaboración de códigos de conducta para las profesiones reguladas.

También es importante destacar que el considerando 7 de esta propuesta de Directiva señala que “conviene reconocer la importancia del papel que desempeñan los colegios profesionales”.

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